El pasado jueves 24 de julio, el Comité para la Prevención de la Tortura publicó su cuarto informe anual, en el cual se evidencian importantes fallas en el trato a personas bajo custodia del Estado. A pesar de que algunas instituciones han mostrado disposición para corregir situaciones críticas, el documento destaca deficiencias estructurales en centros de protección infantil, hospitales psiquiátricos, cárceles y recintos policiales, poniendo en riesgo la integridad y dignidad de miles de individuos.
Durante el año anterior, el CPT llevó a cabo más de 100 visitas preventivas en 13 regiones, lo que le permitió identificar tanto avances como prácticas contrarias a los tratados internacionales de derechos humanos. Entre las situaciones preocupantes, se mencionan el uso excesivo de aislamientos prolongados en recintos penitenciarios, la carencia de medidas de intervención ante el consumo problemático de sustancias en menores y la aplicación desmedida de contenciones físicas en unidades para personas con diagnósticos de salud mental involucradas en procesos judiciales.
El informe recalca que estas vulneraciones afectan de forma desproporcionada a grupos especialmente sensibles, como personas con problemas de salud mental, mujeres embarazadas, adultos mayores, niños, adolescentes, migrantes y personas de la diversidad sexual. El CPT sostiene que la clave para solucionar estos abusos no radica únicamente en sancionar cada caso, sino en transformar las estructuras y normativas que actualmente permiten que estas prácticas continúen.
Entre los aspectos positivos, se destaca la respuesta de instituciones como Gendarmería, Carabineros y la Policía de Investigaciones, las cuales han implementado cambios significativos tras las recomendaciones del CPT, evidenciando una voluntad de mejora. Sin embargo, persiste la preocupación ante la limitada reacción de organismos centrales, como los Ministerios, responsables de promover transformaciones profundas y sistémicas.
Este informe surge en un momento crucial mientras se discuten proyectos de ley en el Congreso relacionados con la seguridad y la fuerza policial. El CPT advierte que la incorporación de armas menos letales, sin la adecuada regulación, podría desembocar en nuevas formas de violencia institucional, haciendo eco de los lamentables incidentes de lesiones oculares registrados durante el Estallido Social.
En suma, el cuarto informe anual del CPT constituye un llamado de atención urgente para garantizar que las personas bajo custodia estatal sean tratadas con el respeto y la dignidad que los derechos humanos exigen, evidenciando tanto la voluntad de cambio como los desafíos pendientes en el país.
Autor: Jorge Rojas