Desde el 24 de febrero de 2022, cuando Rusia lanzó su ofensiva militar a gran escala en Ucrania, han pasado más de tres años y se han registrado numerosos retornos de soldados al país. El Kremlin aún no revela el número exacto de efectivos en combate, pero en diciembre de 2023 el presidente Vladimir Putin informó el despliegue de aproximadamente 617.000 tropas, cifra que se incrementó con otros 490.000 soldados en el año siguiente. Entre estos combatientes se encuentran tanto militares profesionales como individuos con antecedentes penales, quienes aceptaron un beneficios judiciales a cambio de su participación en lo que se ha denominado una “operación militar especial” en territorio ucraniano. Durante los primeros momentos del conflicto, el Grupo Wagner, una organización de mercenarios vinculada al gobierno ruso, reclutó a unos 50.000 presos, bajo la promesa de un indulto completo a cambio de seis meses en la línea del frente. Sin embargo, a principios de 2024, el Ministerio de Defensa asumió el control, exigiendo que los voluntarios cumplieran el servicio durante toda la duración de la guerra.
Recientes reportes de la BBC revelan que, en la actualidad, la mayoría de los soldados, independientemente de sus antecedentes penales, se encuentran bajo contratos sin fecha de término, y solo se les concede baja en situaciones de lesiones graves, vejez o nuevas condenas. Diversas fuentes han indicado que varios veteranos presentan serios problemas de salud mental, tales como trastorno de estrés postraumático y otros diagnósticos psicológicos, además de enfrentar dificultades para reintegrarse socialmente, recurrir al consumo excesivo de alcohol y exhibir conductas agresivas. Una investigación del medio independiente Verstka reveló que, entre febrero de 2022 y agosto de 2024, se registraron al menos 242 muertes y 227 heridos en crímenes cometidos por estos excombatientes, incluyendo agresiones sexuales, homicidios y golpizas. Asimismo, un informe del Instituto Jurídico de los Urales advirtió sobre el aumento en delitos graves y violentos en territorio ruso a raíz de la operación militar.
Expertos en salud mental, entre ellos psicólogos como Tatyana y Yana, quienes participan en proyectos estatales y de voluntariado, han señalado que muchos soldados rehúyen la terapia porque creen que solo quienes han experimentado el combate pueden comprender su realidad. Según datos del Centro de Psiquiatría Bekhterev, entre el 3% y el 11% de los desplegados podrían desarrollar TEPT, cifra que aumenta hasta el 14-17% en soldados con lesiones severas. El Ministerio de Salud ha establecido cerca de 2.700 oficinas de orientación médica y psicológica en un esfuerzo por atender a los veteranos y sus familias, aunque los profesionales coinciden en que la oferta de ayuda es insuficiente, tanto por la falta de personal como por la limitada infraestructura.
Entre los casos más impactantes, se destaca el de un comandante que, tras obligar a sus subordinados a aislarse en condiciones extremas, se debatió internamente entre su conducta violenta en el frente y su identidad como persona compasiva al reencontrarse con su familia. Además, se ha observado que las críticas abiertas a la invasión pueden acarrear consecuencias legales, lo que limita la comunicación sincera entre excombatientes y terapeutas. Las instituciones especializadas en el tratamiento de adicciones han reportado que el 10% de sus casos provienen de militares, y aunque la terapia ha mostrado avances tras 10 o 12 sesiones, los profesionales reconocen la necesidad de implementar más iniciativas de apoyo psicológico para facilitar la reintegración de quienes vivieron en primera línea.
A pesar de que a principios del año pasado Putin sugirió que la terapia fuera obligatoria para los soldados retornados, dicha medida aún no se ha materializado, manteniendo la situación en un estado de incertidumbre con respecto a la atención integral de estos combatientes y su adaptación a la vida civil.
Autor: Jorge Rojas